Santo Domingo.- Cada 29 de septiembre se celebra en la República Dominicana el Día Nacional de los Derechos del Niño, con el interés de reafirmar y conmemorar las leyes que protegen la infancia dominicana.
En 1992, el doctor Joaquín Balaguer declaró mediante decreto que el 29 de septiembre como Día Nacional de los derechos del Niño. Sin embargo, fue en 1994 que en el país se promulgó la Ley 14-94 que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Esta fecha es ideal para reflexionar sobre la aplicación de los derechos de la niñez, sobre todo cuando las estadísticas afirman que miles de nuestros niños no asisten a la escuela y se pasan los días en las principales vías del país realizando trabajos inadecuados para su edad. Estos y otros problemas sociales afectan a los responsables del futuro del país: los infantes.
En este sentido, los centros educativos, maestros y maestras juegan un rol importante en la concienciación y cumplimiento de dichos derechos. Desde la escuela, los educadores tienen la oportunidad de instruir a los niños con relación a cuales son sus principales derechos y como pueden hacerlos cumplir.
De manera enunciativa y no limitativa, el art. 13 señala los siguientes derechos:
- Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
- Derecho de prioridad;
- Derecho a la identidad;
- Derecho a vivir en familia;
- Derecho a la igualdad sustantiva;
- Derecho a no ser discriminado;
- Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
- Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
- Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
- Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
- Derecho a la educación;
- Derecho al descanso y al esparcimiento;
- Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;
- Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
- Derecho de participación;
- Derecho de asociación y reunión;
- Derecho a la intimidad;
- Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
- Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y
- Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
