Tres organizaciones y cuatro beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití y Venezuela pidieron a una corte de Massachussetts que anule la decisión del gobierno de Donald Trump de rescindir las protecciones para más de 500,000 ciudadanos de esos dos países.
Se trata de la segunda demanda que introducen tepesianos en contra del gobierno federal. La primera fue introducida el 20 de febrero por siete venezolanos ante una corte de California. Ellos alegaban que las acciones de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), Kristi Noem, «son ilegales» porque, entre otras cosas, no tiene la autoridad para dejar sin efecto una extensión anterior del TPS.
En esta dan un paso más. Argumentan que las decisiones anunciadas por Noem deben ser consideradas «nulas» por ser «arbitrarias, caprichosas, un abuso de su discreción y estar fuera de la ley». Alegan que estuvieron motivadas por «discriminación basada en la raza, la etnia y el país de origen» de estos inmigrantes.
Los demandantes explican que «la Constitución prohíbe la toma de decisiones sesgadas», por motivos raciales, y que bajo la ley federal las agencias tienen la responsabilidad de otorgar un «derecho de revisión» en cortes para cualquier persona que pueda sufrir un daño legal como consecuencia de la decisión de una agencia. En este caso, piden que se revisen las decisiones tomadas por el DHS sobre el TPS de estos países y alegan que la Quinta Enmienda prohíbe «acciones irracionales del gobierno».
«Los demandantes sufrirán un daño irreparable por esta terminación ilegal» del TPS, concluyen.
De «un hueco de mierda» en Haití a una Venezuela que envía criminales
En la demanda, las organizaciones hacen un recuento de las veces en que el presidente y Noem utilizaron frases despectivas en contra de los inmigrantes de estos y otros países. Como el reporte de 2017 en el que se conoció que Trump había asegurado que los inmigrantes de Haití «tienen sida» tras enterarse de que se habían otorgado 15,000 visas a ciudadanos de ese país. A Haití también lo catalogó en 2018 como «un hueco de mierda» y recientemente en un debate presidencial en septiembre de 2024, aseguró que se comen las mascotas en las comunidades en las que viven.
Durante su campaña reciente también dijo en varias ocasiones que los inmigrantes venezolanos «envenenan la sangre de nuestra nación» y que ese país vació sus prisiones y envió a sus «criminales» y «enfermos mentales» a Estados Unidos.
A inicios de febrero, Noem rescindió el TPS para los venezolanos bajo la designación de esta protección en 2023, que expiraba el 7 de abril de 2025. Eso incluye a casi 350,000 personas. La secretaria dijo que «Venezuela ya no cumple las condiciones» y que «mantenerlo es contrario al interés nacional». Con esto último se refiere a la presencia de la banda criminal Tren de Aragua en Estados Unidos y a la guerra que los republicanos han mantenido en su discurso. Sin embargo, abogados y organizaciones han denunciado que bajo ese discurso el gobierno de Trump ha acusado, sin evidencia y de forma érronea, a venezolanos de ser miembros de esa organización.
Días después, el 20 de febrero, redujo seis meses a la extensión dada para Haití por el gobierno de Joe Biden: esto dejará desprotegidos a más de 200,000 ciudadanos de ese país a partir del 3 de agosto de 2025.
Entre las organizaciones que acompañan la demanda están la Unión de Haitianos Americanos (HAU, por su sigla en inglés), la Asociación de Venezolanos en Massachussetts, la red UndocuBlack y Abogados por los Derechos Civiles.
Entre los demandantes con TPS están Sydney Doe y su esposa Marlene Doe, que llegaron en 2018 tras huir de Haití, donde él recibió amenazas violentas por su trabajo como auditor del gobierno. Ambos tienen TPS desde 2020. Sydney es contador en Haití. Obtuvo una maestría en Administración de Empresas en Estados Unidos y una licencia como corredor de bienes raíces con la que fundó su propia firma. Y su esposa Marlene se graduó como enfermera en Haití y trabaja desde 2019 como asistente de enfermera certificada. Durante la pandemia, brindó sus servicios a pacientes de tercera edad.
También está Gustavo Doe, un venezolano que llegó a Estados Unidos en 2023 tras huir de su país por la persecución que sufrió al denunciar corrupción en el gobierno de Nicolás Maduro. Ese año obtuvo su TPS y también sufrió un accidente de auto que lo dejó casi sordo. Eso le impide trabajar y depende completamente del apoyo financiero de su madre, Natalia, otra de las demandantes.
Acabar con el TPS para Venezuela y Haití «estigmatizará a los inmigrantes de color»
Las organizaciones y los inmigrantes en la demanda argumentan que las decisiones de acabar con estos TPS fueron tomadas «rápidamente» y sin «consultas significativas con agencias relevantes del gobierno» para analizar las condiciones en ambos países que llevaron al gobierno de Joe Biden a extender las protecciones para estos inmigrantes.
«Porque la decisión de la Administración Trump de anular las extensiones del TPS para Haití y Venezuela y, posteriormente, cancelar el TPS para Venezuela estuvo infectada por una discriminación odiosa, su implementación estigmatizará a los inmigrantes de color, así como a sus hijos y familias, e impondrá un daño al negarles la dignidad y el respeto que merecen bajo la Constitución de los Estados Unidos y la ley federal», se lee en la demanda. «Activan y fortalecen el estigma social, el acoso, la discriminación e incluso la violencia contra inmigrantes de color», agregan.
En el texto de la demanda aseguran que la evaluación de la secretaria Noem incluso contradice reportes del gobierno federal sobre el avance de ambos países y las condiciones que motivaron la designación de estos TPS.
Citan un informe del Departamento de Estado para septiembre de 2024 que detalla que crímenes violentos como el homicidio, el robo a mano armada o el secuestro son comunes en Venezuela; o el uso de la tortura y la represión por el régimen de Maduro en contra de su disidencia. «El Departamento de Estado ha resaltado de forma repetida severas violaciones de derechos humanos en el país, incluyendo asesinatos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, tortura cruel, inhumana y degradante y la imposibilidad de sus ciudadanos de llevar a cabo un cambio de gobierno pacífico a través de elecciones libres y justas».
En el caso de Haití, Noem se centró en que el entonces secretario Alejandro Mayorkas no especificó el porqué de la extensión del TPS por 18 meses; que no explicó por qué una extensión no era contraria al interés nacional y en reportes sobre las condiciones de Haití. Las organizaciones y los demandantes aseguran que la decisión de Noem «carece de fundamento legal», porque Mayorkas tenía discreción para decidir el periodo de la extensión. Creen que demuestra que estuvo «influenciada indebidamente por una agenda política para terminar el TPS para Haití».
