Las protestas en la región boliviana de Santa Cruz, la mayor del país, para que el censo de población sea en 2023 amenazan con extenderse a todo el país a partir de este lunes, mientras una comisión técnica trabaja para fijar la fecha definitiva del empadronamiento.
El denominado “movimiento cívico” de Bolivia inició el pasado 22 de octubre un paro nacional indefinido para demandar la celebración del Censo en 2023, en lugar del 2024 como ha propuesto el Gobierno boliviano, ya que este registro condiciona el reparto de ayudas entre las regiones del país.
Pero representantes del movimiento anunciaron un paro en todo el territorio nacional este lunes si el Gobierno no fija una fecha para la realización del censo, puesto que consideran que se trata de una falta de voluntad política y no de dificultades técnicas como defiende Arce.
El representante señaló que los ciudadanos “han sido pacientes” y que no se trata de un capricho de unos pocos, sino un derecho de todos los bolivianos, por lo que el censo debe hacerse “a la mayor brevedad posible”
Durante semanas, el Ejecutivo insistió en la necesidad de atender a criterios técnicos para determinar la fecha de realización del censo de población y vivienda, sin embargo los manifestantes lo acusan de querer retrasarlo.
