Santo Domingo, RD.- El procurador adjunto Wilson Camacho lamentó la decisión tomada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al variar la medida de coerción de prisión preventiva a varios acusados por corrupción administrativa del Caso Anti Pulpo.
“La decisión tomada por el tribunal sobre el cese de la medida de coerción contiene un mensaje lamentable de que no se entiende el nivel de complejidad de estos procesos”, afirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Pareciera que se está asumiendo la lógica de que cualquier proceso que haya sido declarado complejo, es igual, y eso no es así”, dijo Camacho al responder preguntas de los periodistas de la fuente judicial que lo entrevistaron a la salida del tribunal luego de las decisiones tomadas por el juez Deiby Timoteo Peguero.
Dijo que esto significa que el propio sistema no tenía, no ha previsto espacios adecuados para este tipo de procesos.
“Estos megaprocesos son megacomplejos y el Poder Judicial debería asumirlos en esta dimensión”, proclamó en torno a los procesos judiciales que lleva la Pepca.
Explicó “que en este caso, por ejemplo, elementos que permiten medir el alto nivel de complejidad de estos procesos y que no pueden ser comparados con otros procesos declarados complejos, es el hecho de que, por ejemplo, en este caso hay ocho instituciones que han sido involucradas”.
“En este proceso hay 48 personas que han sido procesadas y este proceso tiene más de 400 testigos y eso no cabría en ninguna sala de audiencias con la que cuenta el país y esto es evidencia de que estos procesos superan el nivel de complejidad que hemos visto anteriormente y esta es una cuestión que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos manda a tomar en cuenta para que los jueces lo asuman al momento de tomar decisión”, añadió.
El titular de la Pepca recordó que, en las últimas revisiones que conoció el tribunal, procedió a mantener las medidas de coerción, tal y como habían sido impuestas en este caso, acogiendo la solicitud planteada por el Ministerio Público.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la prisión preventiva por prisión domiciliaria a los acusados Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana Carmona y a Wacal Bernabé Méndez Pineda.
Además, Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado del caso, deberá presentar una garantía económica de RD$60 millones de pesos y Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), una de RD$30 millones.
En tanto que a José Dolores Santana y a Wacal Bernabé Méndez Pineda les fue impuesta una garantía de 20 millones de pesos a cada uno.
