El desafío político de una visión alternativa del desarrollo

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Encontrar líderes dentro de los partidos tradicionales y en la sociedad con una visión diferente al modelo de desarrollo actual o en su defecto, una nueva fuerza política que se comprometa con la implementación de políticas que persigan un verdadero bienestar social.

La Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) propuso varios planes de desarrollo a varios gobiernos durante el período del predominio de la estrategia de crecimiento hacia adentro (o de industrialización), regionalmente liderada por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) en las oficinas de planificación en la región. Posteriormente, el Secretariado Técnico de la Presidencia fue convertido en Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) que preparó la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Los primeros planes de desarrollo fueron elaborados siguiendo rigurosamente cada una de las etapas del proceso de planificación, vinculándolo a la formulación del presupuesto de la nación. En efecto, los presupuestos por programa existentes en todas las instituciones del gobierno central acomodaron los proyectos de desarrollo emanados del interés público. No obstante, la implementación de esos planes y el logro de sus objetivos encontraron obstáculos en las ideas de desarrollo que tenían los mandatarios de turno. Bien por los compromisos contraídos, las amenazas de grupos de poder o debido a la práctica moderna del financiamiento de las campañas electorales, cuyo efecto ha sido confundir los objetivos sociales de las políticas públicas (políticas de desarrollo) con los intereses económicos del gran empresariado criollo.

Durante una de las administraciones del PLD se elaboró la END, que luego fue convertida en la Ley Orgánica No. 1-12. A pesar de que en su elaboración hubo amplia participación de muchos sectores, hubo dos fallas fundamentales debido al predominio técnico de los postulados de la economía de mercado neoliberal. La primera de estas es que no se hizo un diagnóstico de los problemas que han obstaculizado por décadas el desarrollo económico dominicano. Esta etapa del proceso de planificación se sustituyó por una encuesta de opinión que ranqueó las principales dificultades identificadas por la población, tal y como se acostumbra en la economía neoclásica, reproduciendo la práctica de la teoría económica convencional. La segunda, tiene que ver con el financiamiento de los proyectos de inversión contenidos en la END; en efecto, los resultados de los modelos macroeconómicos elaborados y estimados por el Banco Mundial (BM) no fueron satisfactorios para el determinar el financiamiento de los proyectos contenidos en la END. Por tanto, la END era una estrategia con escasas posibilidades de éxito.

No obstante, los proponentes de la END argumentaron en su momento que la inseguridad del financiamiento no impedía su ejecución, puesto que las primeras tareas de la END se circunscribían a la modificación del marco legal, cuyo costo, de acuerdo con el MEPYD, era irrisorio; en otras palabras, que el costo del Congreso sería mínimo, lo que resulta ser una visión muy optimista del funcionamiento institucional y legal dominicano. De manera que las funciones de la planificación han sido relegadas al mercado. Por estas razones, se han producido revisiones limitadas de los objetivos de la END, no se han reformulado los indicadores, las metas anuales y se esperan los resultados de las evaluaciones. Actualmente, la END está en revisión por asesores internacionales y se espera que posteriormente sea relanzada.

Como las administraciones peledeístas y la actual administración han abrazado el decálogo neoliberal, sería un nuevo gobierno el que debería plantearse políticas de desarrollo globales y sectoriales que beneficien a toda la población y los sectores productivos claves de la economía. Desafortunadamente, la administración de Abinader ha preferido el desarrollo de negocios privados y de familias, en lugar de identificar y plantear políticas que resuelvan los principales desafíos del desarrollo de toda la nación dominicana.

En efecto, el gobierno ha elegido la privatización como el eje central de su política de desarrollo económico. Durante los últimos dos años, la experiencia ha sido crear intermediarios privados entregando activos públicos a empresarios privados a través de la utilización de asociaciones público-privadas (APPs) y de fideicomisos; los cuales se caracterizan por la falta de transparencia. En otras palabras, en lugar de que las políticas públicas creen condiciones adecuadas para el desarrollo de los negocios privados, la presente administración ha facilitado la creación de renta (beneficios sin inversión privada) e insiste en la preservación de las exenciones fiscales, no ataca la evasión fiscal, así como tampoco la elusión fiscal.

Este proceso de privatización del PRM ha sido precipitado y además no obedece a una política económica que sea consistente con el objetivo de superar el estado de calamidad de la población que vive en la pobreza, que sufre la concentración del ingreso, de servicios públicos de mala calidad (salud, educación, seguridad ciudadana, agua potable), entre otros. Equivocadamente, el presidente Abinader y sus asesores piensan que a través de transferencias sociales se soluciona el problema de la pobreza y la distribución del ingreso. Por el contrario, la creación de una industria competitiva que cree trabajos de calidad, con salarios sujetos a la productividad de los trabajadores, con una seguridad social que cubra a todos los ciudadanos, con planes de retiro que no lucren esencialmente al sector financiero, sino que resuelvan el consumo de los envejecientes e instituciones reguladoras que no estén en manos del sector privado; son algunos de los principios que caracterizan una sociedad que avanza hacia un futuro prometedor. Con igual intensidad, el gobierno debe procurar que la educación se convierta en el centro del avance personal, reconociendo que el salario real debe incorporar el aprendizaje y la experiencia del trabajador (capital humano), por lo que el gobierno debe asegurar que no se enriquezca a los dueños de las ARS, sino que preserve la salud de los dominicanos, especialmente la de los trabajadores.

El gobierno debe abandonar la práctica de la indefinida y exagerada protección empresarial (exenciones fiscales), que se ha convertido en la limitación principal de la elevación de la productividad y la innovación. Esta política pública protectora, ha debilitado fuertemente el espíritu empresarial y ya no es un reto para las firmas locales, las que se han acomodado confortablemente para la obtención de renta.

Durante los gobiernos del PLD, la oligarquía empresarial dominicana descubrió que sus negocios con el gobierno redituaban enormes beneficios, por lo que decidió dejar de lado la engorrosa y peligrosa tarea de competir en los mercados. Resultaba y resulta más sencillo financiar las campañas electorales o ajustar el marco legal de sus negocios con aporte módico a los congresistas para lograr ventajas sobre sus competidores en los mercados que participan. Esto no es, de ninguna manera, innovador ni digno de una seria función empresarial.

En el país, el liderazgo político tradicional ya no tiene la necesidad de formarse para formular políticas de desarrollo. No es prioritario asistir a prolongadas sesiones en una escuela de cuadros políticos para comprender los desafíos del desarrollo, porque renunciaron a sus propuestas de políticas encaminadas a mantener el bienestar social a cambio de mantenerse en el gobierno.

A la población no le conviene mirar hacia las pasadas administraciones de gobierno, como tampoco le conviene continuar con un gobierno ajeno a las necesidades perentorias de la gente. Por eso, ahora la tarea fundamental es encontrar líderes dentro de los partidos tradicionales y en la sociedad con una visión diferente al modelo de desarrollo actual o en su defecto, una nueva fuerza política que se comprometa con la implementación de políticas que persigan un verdadero bienestar social para todos los dominicanos

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