POR EDDY PEREYRA ARIZA
La República Dominicana es un país de grandes desigualdades, producto de una disparidad o desventaja en la mala distribución de la renta o beneficios que corresponde a a toda la sociedad.
Si bien, en los dos últimos años, la inversión social en la nación ha subido considerablemente, especialmente en el caso de los programas de asistencia social y de salud, esta sigue siendo una de las más bajas de los países de América Latina.
En materia de desigualdad, la distribución de la riqueza no se ha convertido todavía en uno de los temas batallados y controversiales de la actualidad. Tampoco ha sido asumido en nuestras políticas públicas.
Contrario a ese proceder, el problema de la desigualdad ha ido tomando un lugar central en los lineamientos políticos de las agendas de los organismos internacionales respecto a la orientación que debe adoptar la política social y de desarrollo en la región.
Para el economista Felipe P. Zorrilla, con la apertura de las cifras, la transparencia de las informaciones y la posibilidad mediática de comparar diferencias de ingresos y niveles de vida, el tema de la desigualdad social se ha constituido en un concepto clave para la sana convivencia de toda sociedad.
Más allá de las cuestiones morales, la distribución desigual de oportunidades y recursos materiales tiene un impacto en el crecimiento y dinamismo económico. Tenemos una elevada desigualdad de ingresos, que afecta negativamente a la igualdad de oportunidades, generando inseguridad y violencia.
Con una distribución de las riquezas tan desigual, la brecha es cada vez mayor entre ricos y pobres, en tanto que las oportunidades de unos y otros, refleja el trato discriminatorio que sufre un grupo grande de personas, favoreciendo a otra clase social minoritaria. Simplemente aquí, el 4% de la población más rica, ha llegado a tener más riqueza que el 96% restante de los habitantes.
La manera desigual en que se distribuyen los bienes en una población, lo ha puesto de manifiesto Thomas Piketty, en su aclamado libro “El Capital en el siglo XXI”, “cuando la riqueza se concentra en una pequeña minoría, se pone en serio riesgo valores como la meritocracia, la libre competencia, la justicia o la cohesión social sobre los que se asienta la democracia”.
En el trazo de las oportunidades, las brechas de desigualdades más notables son las relacionadas con las diferencias salariales y de inserción laboral en trabajos dignos, principalmente en el caso de las mujeres; el cobro de impuestos y subsidios, la falta de atención integral de la salud, de cuidados en la infancia y la vejez, además, del acceso a los servicios públicos en función del territorio.
Conjuntamente, dentro de la desigualdad social, conocida también como desigualdad económica, se destacan aspectos como el acceso a los servicios sociales, la alimentación, el trabajo y los recursos destinados a financiar proyectos relacionados con viviendas, agua, educación, protección social, medio ambiente, tecnología, entretenimiento, acción comunitaria y cultura.
Mientras que avanzamos crecidamente en calidad y alcance del servicio eléctrico, el aumento del desempleo, especialmente el de larga duración, y la devaluación salarial, como consecuencia principalmente de la crisis de la pandemia, han dejado un enorme rastro en las condiciones sociales de muchos ciudadanos, que se refleja en el aumento de la desigualdad en el país.
Por esta y otras razones, reducir las desigualdades sociales, apostando por un país más justo, equitativo y sostenible, debería ser una, si no la principal preocupación de la política socioeconómica del gobierno,
