El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, propuso a diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) modificar la Ley de Desarrollo Social para empatar tiempos presupuestales y de presentación de los programas sociales, es decir, que la dependencia o delegación que promueve un programa obtenga primero la asignación específica por capítulo presupuestal, por parte de la Secretaría de Finanzas, para que el Centro Planeación del Desarrollo Social (Coplade) lo conozca y apruebe.
Amieva Gálvez afirmó que existe un desfase entre el plazo para aprobar los programas sociales y el otro en el cual se va autorizando el ejercicio del presupuesto -este último se informa durante el primer trimestre del año-, por lo que urgió a la necesidad de la modificación de la Ley a fin de evitar duplicidad en los mismos.
El corte de presentación de los programas es anterior al esquema de distribución de presupuesto, entonces, lo comparto con las diputadas de la Asamblea, para que se pudiera amadrinar esa iniciativa y llegue a buen puerto , instó.
Lo anterior, en el marco de la presentación de los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2017, del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX) en la ALDF.
El también titular de Coplade dijo que los Lineamientos presentados por el director general de Evalúa CDMX, José Arturo Cerón Vargas, cuentan con una adecuada metodología para el diseño, evaluación y monitoreo de los programas sociales, para cumplir con los estándares necesarios de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia administrativa y ejercicio honesto y eficaz del presupuesto.
Asimismo, informó que para el próximo año se mantendrán los 165 programas de apoyo a los grupos vulnerables de la Ciudad de México.
Cada año, Evalúa CDMX establece los principios rectores de la implementación de programas sociales, partiendo de la determinación de la situación de vulnerabilidad, la asignación de recursos públicos, además de dar seguimiento al cumplimiento y eficiencia de los mismos.
Por su parte, Cerón Vargas expuso que el documento presentado involucra la definición del problema social para que exista una justificación de la intervención pública y así analizar los elementos y resultados específicos de cada uno de los programas sociales.
Refirió que en el 2014 las reglas de operación no incluían de manera satisfactoria, en la mayoría de los casos, mecanismos de evaluación e indicadores para monitorear el programa social.
